Es normal que un conductor sea requerido en cualquier momento por los agentes de tráfico para someterse a un control de alcoholemia y otras drogas, como consecuencia del cual puede ser sancionado por una falta administrativa e incluso, en los casos más graves, castigado por un delito contra la seguridad vial.
La forma de realizar el control de detección de drogas y alcohol está regulada, y la actuación de los agentes obedece al protocolo que vamos a ver a continuación.
El juicio rápido es un procedimiento penal más ágil y breve que se reserva para los delitos menos graves en los que la averiguación de los hechos es sencilla y la identificación del culpable muy clara.
En atención a estas circunstancias, se da la opción al acusado de admitir los hechos y lograr de ese modo una sentencia más favorable.
Conducir con exceso de velocidad o con temeridad, bajo los efectos del alcohol o las drogas, o negarse a someterse a las prueba de detección de alcohol, entre otras, no son conductas sin importancia, sino delitos contra la seguridad vial, generadores de antecedentes penales y en muchos casos castigados con penas de prisión.
Este tipo de delitos entran dentro del ámbito de aplicación del juicio rápido, que es un procedimiento penal más ágil y abreviado que puede terminar con la conformidad del acusado.
Conducir sin permiso es ilegal, pero las consecuencias son distintas según el tipo de infracción que se haya cometido. A continuación vamos a explicar qué puede suceder según cuál sea el caso.
En el ámbito de los delitos de alcoholemia, desafortunadamente, se da con mucha frecuencia la reincidencia, una situación que pone de manifiesto la mayor peligrosidad del acusado y que, por tanto, tiene consecuencias negativas a la hora de aplicarle una pena.
En este artículo explicamos cómo incide el hecho de ser reincidente cuando se comete un delito de alcoholemia.
